3.1.14
Uruguay aprueba a Ley de Software Libre y Formatos Abiertos
Luego de diez años de debate se aprobó en Uruguay La Ley de Software Libre y Formatos Abiertos la cual como puntos principales son:
- La ley establece que el Estado deberá preferir la inversión y desarrollo en software libre sobre el privativo, salvo cuando éste no cumpla las necesidades técnicas requeridas.
- En caso de que el Estado decida invertir en software privativo, deberá justificar las razones del gasto y argumentar su elección.
- El Estado deberá distribuir y aceptar toda información en al menos un formato abierto, estándar y libre.
- El intercambio de información a través de Internet deberá ser posible en al menos un programa licenciado como software libre.
Gasto público: el gasto en licencias de software privativo es un agujero fiscal para las administraciones públicas y una oportunidad de negocio para quienes negocian los acuerdos. Rara vez esta información es de carácter público, y cuando se conoce, se descubre un despilfarro que puede ser ahorrado con la adopción de software libre.
Seguridad: A raíz de las revelaciones de espionaje de Edward Snowden, se reforzó la necesidad de contar con mayor soberanía informática. Aunque Brasil ha sido el país que ha dado pasos más fuertes en este rubro, el uso de software libre da una alternativa para evitar la utilización de software privativo con backdoors.
Interoperabilidad: Para la administración pública, el uso de ficheros de formatos indistintos (y privativos) es un dolor de cabeza. El uso de formatos abiertos y estándares fomenta la interoperabilidad entre las dependencias y asegura el intercambio de archivos eficiente.
Transparencia: Que el Estado esté obligado a difundir la información pública en un formato abierto permite la transparencia y el libre acceso a los datos por parte de la ciudadanía. En este punto, es un avance que también podría ser reforzado con una política pública de datos abiertos.
Existen casos avanzados como el de Ecuador, en el que el presidente Rafael Correa es un partidario del software libre, haciendo que los funcionarios del Poder Ejecutivo usaran OpenOffice y que en 2009 se instalaran ordenadores con openSUSE y Ubuntu en la Asamblea Nacional.
Otros países han implementado leyes o políticas públicas orientadas a otros movimientos abiertos como Brasil y su emancipación de Outlook, Argentina y la ley de acceso abierto o México y su política nacional de datos abiertos a través de la Estrategia Digital Nacional.
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